Historia Cotemporánea de Venezuela (página 2)

Caracas se convirtió en el
sueño americano que atrajo emigrantes de diversas regiones
del mundo para formar parte del embrujo de la renta
petrolera.

Durante el periodo de Pérez
Jiménez hubo una permanente corrupción
administrativa la cual permitió que los gobernantes se
enriquecieran con el dinero del pueblo.

Desarrolló una política de
apertura al capital extranjero; con ese fin, asignó nuevas
concesiones petroleras y de mineral de hierro. Así
captó millonarios recursos que invirtió, en parte,
en la llamada política de "Concreto Armado".

Aplicando esta política
desarrolló un frenesí constructor basado en un
programa de obras públicas: autopistas, carreteras,
hospitales, edificios, escuelas, cuarteles. Así mismo
desarrolló parte de un plan ferrocarrilero y plantas
petroquímicas, hidroeléctricas y
siderúrgicas. 

En noviembre de 1957, Pérez
Jiménez anunció que en vez de realizar elecciones
libres, se convocaría un referéndum para decidir su
reelección. La oposición pidió al pueblo que
se abstuviera de participar en esa farsa electoral, que no era
más que un fraude.

El descontento de la mayoría de los
sectores del país culminó con la unión de
estos, y así el 1 de enero de 1958 estalló una
rebelión en las Fuerzas Aéreas que bombardearon a
Miraflores; se unieron otros sectores del ejército
(blindados y artillería), quienes aunque no triunfan,
ponen al descubierto que el apoyo militar al régimen se
había fracturado; comenzaron a producirse manifestaciones
callejeras que desafiaban a la policía (Seguridad
Nacional).

Todos exigían un retorno a la
democracia; comenzó una huelga de prensa y después
una huelga general desde el 21 de enero de 1958, convocada por la
Junta Patriótica (AD, COPEI, PCV, URD). Los jefes
militares se reunieron en la Academia Militar para analizar la
situación y concluyeron que era necesario formar una Junta
Militar de Gobierno que pidiera la renuncia a Pérez
Jiménez; así, el 23 de Enero de 1958,
claudicó el dictador y salió al exterior como
presidente depuesto.

El puntofijismo y la
democracia representativa

Pacto de Punto Fijo e inicio de la seudo
democracia:

En el marco de las elecciones de 1958 se
firma el Pacto de Punto Fijo11, entre los líderes de AD12
(Rómulo Betancourt), COPEI13 (Rafael Caldera) y URD14
(Jóvito Villalba). El Pacto de Punto Fijo es un pacto de
gobernabilidad para la democracia representativa, el
cuál:1. Establece que los firmantes, independientemente de
que cualquiera de ellos saliera derrotado en los comicios
presidenciales, apoyarían al partido ganador de las
elecciones para cerrarle paso a una nueva dictadura15 y al
peligro comunista16. 2. Define cuáles son los partidos que
garantizan una democracia representativa al servicio de los
intereses de la burguesía y el gran capital: AD, COPEI,
URD. 3. Reconoce al Partido Comunista como un adversario
estratégico, pues ésta agrupación
política asume la democracia representativa desde la
perspectiva de la clase obrera y sus aliados cómo etapa
hacia la revolución socialista (con los campesinos,
estudiantes, pequeña burguesía). En consecuencia
excluyen al PCV del pacto de gobernabilidad. 4. Excluye a los
militares de la actividad política. Los militares se les
considera un potencial enemigo regresivo y un cuerpo que era
necesario formar en el ideario democrático. Lo
significativo es que son desplazados del centro del poder
político. 5. Tiene la legitimidad propia de la
apelación a la representatividad de quienes lo firman. 6.
La clase obrera había experimentado formas organizativas
de clase que se remontan al Congreso de Obreros de Caracas
realizado en 1896. En 1936 los sectores combativos y
antidictatoriales de la clase obrera habían creado la
Confederación de los Trabajadores de Venezuela (CTV).
Progresivamente la CTV fue coaptada por las formas partidarias
asociadas a lo que luego sería Acción
Democrática. En esta nueva etapa el gobierno de Betancourt
fortalece la institucionalización de la CTV
dotándola del papel de intermediación entre
gobierno y empresarios con los trabajadores. El fortalecimiento
de la CTV le permite al gobierno contar con una instancia
organizativa – reivindicativa diseñada para el
control y dosificación de la clase trabajadora. Con esta
práctica AD incorpora al Pacto de Punto Fijo todas las
formas de mediación que sean necesarias para garantizar la
gobernabilidad opresora.Especialmente el primero lo uso de
manifiesto en el propio discurso de toma de posesión en
1959.El pacto de Punto Fijo moduló la actividad
política del país durante más de cuarenta
años. El "acuerdo de gobernabilidad" suscrito por los
partidos de la centro-derecha venezolana garantizaría la
estabilidad democrática de un régimen que
progresivamente tomaba distancia de los intereses de las
mayorías nacionales.

Constitución de
1961. 

Fue aprobada el 16 de enero de 1961 por el
entonces Congreso de la República (actual Asamblea
Nacional) con el voto afirmativo de las principales cuatro
fuerzas políticas del país para entonces,
Acción Democrática, Unión Republicana
Democrática, Copei y el Partido Comunista de Venezuela.
Entró en vigor el 23 de enero del mismo año en
conmemoración del retorno a la democracia en Venezuela el
23 de enero de 1958. En diciembre de 1999 este texto
quedaría derogado al ser aprobado por voto popular la
Constitución de 1999.

Esta Constitución estaba basada en
los principios de la Constitución de 1947 que había
sido derogada en 1953 por la dictadura Perezjimenista. La
Constitución de 1961 estaba dividida en cuatro
partes:

1. El preámbulo donde se invoca la
protección de Dios y se exalta al Libertador Simón
Bolívar y a los "grandes servidores de la
patria".

2. La parte dogmática en la cual se
establecen como pilares la democracia, la independencia y el
carácter de forma federal del Estado venezolano, entre
otros;

3. La parte orgánica, que constaba
de doce títulos para un total de 252
artículos;

4. y las disposiciones transitorias
compuestas por 23 disposiciones.

Sólo se reconocía como idioma
oficial el castellano.

No existía la doble nacionalidad,
por lo tanto el venezolano que obtuviese otra nacionalidad
perdía automáticamente la nacionalidad
venezolana.

Por primera vez en la historia
constitucional venezolana no se hace mención al nombre o
número de Estados que componen el país, para evitar
hacer reformas constitucionales respecto a éste tema y
regirlo por medio de una Ley Orgánica de división
político-territorial.

El Poder Público Nacional, estaba
integrado por el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial

Poder Legislativo: ejercido por el Congreso
Nacional, que estaba integrado por la Cámara de Diputados
y la Cámara de Senadores. Los Diputados y los Senadores
eran electos por período de 5 años,
correspondían dos Senadores por Estado además de
otros dos por el Distrito Federal, mientras que los Diputados se
elegirían, por votación universal y directa, y con
representación proporcional de las minorías
según la base de población del 1,1% de la
población total nacional. Los presidentes de la
Cámara de Senadores y la de Diputados serían los
Presidente y Vicepresidente del Congreso Nacional
respectivamente. Los que alguna vez ejercieron la presidencia de
la República una vez culminado su período pasaban a
ser Senadores vitalicios.

En esta Constitución la
Contraloría General de la República era un
órgano auxiliar del Congreso Nacional, estaba dirigido por
el Contralor General de la República elegido para un
período de 5 años por el Congreso
Nacional.

Poder Ejecutivo: ejercido por el Presidente
de la República en calidad de Jefe de Estado y del
Ejecutivo Nacional o Gobierno, el cual sería electo por
período de 5 años no pudiendo ser reelecto hasta
trascurridos 10 años después de culminar su
período. La falta temporal del presidente la suplía
un Ministro designado por el propio presidente. Se definía
además a los Ministros como los órganos directos
del Presidente de la República, que reunidos formaban el
Consejo de Ministros.

Poder Judicial y el Ministerio
Público: el Poder Judicial estaba representado por la
Corte Suprema de Justicia y demás tribunales. La Corte
Suprema de Justicia estaba integrada por un mínimo de
cinco Magistrados por Sala, elegidos por el Congreso Nacional por
término de 9 años.

En esta constitución el Ministerio
Público era un órgano independiente del Estado,
mientras que en la nueva Constitución de 1999 forma parte
de un nuevo Poder, el Poder Ciudadano. El Ministerio
Público estaba bajo responsabilidad del Fiscal General de
la República elegido por el Congreso Nacional por
período de 5 años.

A nivel nacional cada estado está
representado en la Asamblea Nacional de acuerdo a su
población por un sistema de representación
proporcional, y adicionalmente como mínimo cada estado
elige 3 diputados.

La Democracia
Representativa:

La democracia representativa en Venezuela
(llamada IV República) surge con el Pacto de Punto Fijo,
firmado en 1958 luego de la derrota de la dictadura de
Pérez Jiménez. En este acuerdo, los tres grandes
partidos, AD, COPEI y URD concuerdan con la alternancia en el
poder del Estado y comparten la misma visión
socio-económica. La distribución de la renta es
pésima, el país no produce lo que consume y las
ciudades crecen en base a la marginalización. Fuera del
sistema político partidista, la protesta social era
criminalizada, y había represión de
sobra.

En la democracia representativa, el pueblo
delega la soberanía en autoridades elegidas de forma
periódica mediante elecciones libres. Estas autoridades en
teoría deben actuar en representación de los
intereses de la ciudadanía que los elige para
representarlos.

En este sistema el poder legislativo,
encargado de hacer o cambiar las leyes, es ejercido por una o
varias asambleas o cámaras de representantes, los cuales
reciben distintos nombres dependiendo de la tradición de
cada país y de la cámara en que desarrollen su
trabajo, ya sea el de parlamentarios, diputados, senadores o
congresistas. Los representantes normalmente están
organizados en partidos políticos, y son elegidos por la
ciudadanía de forma directa mediante listas abiertas o
bien mediante listas cerradas preparadas por las direcciones de
cada partido, en lo que se conoce como elecciones
legislativas.

Movimientos
Insurreccionales en contra del punto fijismo

Jesús María Castro
León.

Militar que lideró rebeliones
militares contra los gobiernos de Marcos Pérez
Jiménez (1.1.1958) y Rómulo Betancourt (20.4.1960).
Fueron sus padres Pablo Castro León y Herminia Contreras.
También era nieto del general Cipriano Castro.

Una grave crisis se presenta entre el 22 y
el 23 de julio de 1958 cuando el ministro de la Defensa, general
Jesús María Castro León, pide la
postergación de las elecciones por tres años, la
supresión de los partidos AD y PCV y el establecimiento de
la censura de prensa. Castro León es enviado al exterior
el 24 de julio, con otros siete oficiales, rumbo a Miami; lo
sustituye el general Josué López Henríquez.
Las conspiraciones y los intentos de golpe de Estado son
frecuentes durante ese año: el domingo 7 de septiembre, 45
días después del intento de Castro León,
estalla uno de los más serios, con un considerable
número de víctimas.

Betancourt se posesiona el 13 de febrero de
1959. Periodista y político, tiene entonces 51 años
de edad, y no menos de 30 en las luchas políticas. Integra
un gabinete de coalición (según Punto Fijo) con
tres ministros de URD: Ignacio Luis Arcaya, Relaciones
Exteriores; Manuel López Rivas, Comunicaciones, y Luis
Hernández Solís, Trabajo. Dos de Copei: Lorenzo
Fernández, en Fomento, y Víctor Giménez
Landínez, en Agricultura y Cría. Dos de AD: Luis
Augusto Dubuc, Relaciones Interiores, y Juan Pablo Pérez
Alfonzo, en Minas. El resto del gabinete lo forman los
independientes Rafael Pizani, en Educación; Santiago
Hernández Ron, en Obras Públicas; José
Antonio Mayobre, en Hacienda; Arnoldo Gabaldón, en Sanidad
y Asistencia Social; y Andrés Aguilar, en Justicia.
Ramón J. Velásquez es designado secretario general
de la Presidencia, entonces un cargo clave.

Betancourt debe enfrentar otro intento de
Castro León, quien invade por el Táchira el 20 de
abril de 1960.

A ésta le siguen otras rebeliones
militares, como el Barcelonazo (25 de junio de 1961), el
Carupanazo (el 4 de mayo de 1962) y el Porteñazo (el 2 de
junio). En el mundo político, confronta al mismo tiempo
las divisiones de AD, primero la del MIR, y luego la del Grupo
ARS. El 24 de junio de 1960 ocurre el atentado de Los
Próceres en el cual estuvo a punto de ser asesinado: se
salva milagrosamente, pero sufre quemaduras en sus manos.
Venezuela acusa al régimen de Trujillo ante la OEA, y
todos los países rompen o suspenden relaciones con el
dictador dominicano, aislamiento que conduce a la crisis final de
aquel régimen.

El carupanazo

El Carupanazo fue una insurrección
militar en Carúpano. El Carupanazo estalló en la
medianoche del 4 de mayo de 1962 en Carúpano (Edo. Sucre),
a cargo del batallón de Infantería de Marina Nro. 3
y el destacamento Nro. 77 de la Guardia Nacional. Los
Insurrectos, al mando del capitán de corbeta Jesús
Teodoro Molina Villegas, del mayor Pedro Vegas Castejón y
del teniente Héctor Fleming Mendoza, se alzaron contra el
gobierno nacional, ocupando las calles y edificios de la ciudad,
el aeropuerto y la emisora Radio Carúpano desde donde
lanzaron un manifiesto a nombre del Movimiento de
Recuperación Democrática. Por su parte, el
presidente Rómulo Betancourt les exigió la
rendición a los alzados, al tiempo que se iniciaba la
movilización de los efectivos leales pertenecientes al
batallón de Infantería Mariño, el
batallón Sucre de Cumaná y el batallón de
Infantería de Marina Simón Bolívar de
Maiquetía, se producían ataques por parte de la
Aviación y se bloqueaba el puerto por parte de las
unidades navales en lo que se denominó la Operación
Tenaza.

Al día siguiente (5.5.1962) las
tropas gubernamentales tomaron el control de Carúpano y
sus alrededores, capturando a más de 400 personas
involucradas en la asonada entre militares y civiles, entre ellos
el diputado del Partido Comunista de Venezuela Eloy Torres,
así como otros miembros de ese partido y del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR). Ante tales hechos, Betancourt
suspendió las garantías, acusó al PCV y al
MIR de estar involucrados en la sublevación y
expidió el decreto núm.752 suspendiendo el
funcionamiento de ambos partidos en todo el territorio
nacional.

Tal día como hoy, el 11 de junio de
1962, el Consejo de Guerra condenó a catorce civiles y
militares acusados de participar en la insurrección
conocida como "El Carupanazo", ocurrida en Carúpano
(Sucre) el 4 de mayo de 1962, bajo la dirección del
capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas,
comandante del Batallón de Infantería de Marina, a
largas penas de prisión.

Entre los condenados se encontraban el
maestre Hugo Simón Acosta Medina, el maestre Francisco
Aguilera García, el maestre Pastor Omar Sarmiento y el
maestre Luis José Acuña, a trece años cada
uno; Rodolfo Gil Gamboa, Enrique Centeno Llovera, Pedro Duno,
José Vicente Abreu, Antonio Silano Moreno, Castro Modesto,
Nique Figueroa y el capitán Julio Bonet Salas, a siete
años cada uno; Víctor Manuel Pérez y Luis
Muñoz Rodríguez, a cuatro años.

La rebelión cívico-militar de
Carúpano expresó la protesta de la oficialidad
democrática y del pueblo ante la política de
represión y sumisión a Estados Unidos por el
gobierno de Rómulo Betancourt, de AD-COPEI (Acción
Democrática – Comité de Organización
Partidista Electoral Independiente).

El " porteñazo" o
insurrección de puerto cabello:

A diferencia del "Carupanazo" el
"Porteñazo" representó una conspiración
cívico-militar de mucha mayor magnitud, tanto por las
fuerzas involucradas, lo intenso de la lucha y por el terrible
saldo de heridos y muertos dejados. En el amanecer del día
2 de junio de 1962, se produce una sublevación en la base
naval de Puerto Cabello (Edo Carabobo), dirigida por el
capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, el
capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán
de corbeta Víctor Hugo Morales. Tan pronto el gobierno
nacional se entera del intento de golpe, envía efectivos
de la Fuerza Aérea y del Ejército que bombardean y
rodean la ciudad, produciéndose el combate frontal entre
las fuerzas insurrectas del batallón de infantería
de marina General Rafael Urdaneta (que se habían sumado a
la sublevación de los oficiales y efectivos de la base
naval y grupos civiles armados por éstos) y la tropa del
batallón Carabobo que se había trasladado desde
Valencia, al mando del coronel Alfredo Monch, en el desde
entonces famoso y trágico sitio de La Alcantarilla. Al
mismo tiempo, la mayoría de los oficiales al mando de la
escuadra y el destacamento Nro. 55 de la Guardia Nacional se
niegan a participar en el alzamiento.

Finalmente, el día 3 de junio, el
Ministerio de Relaciones Interiores anunció que desde el
amanecer, las Fuerzas Armadas leales al gobierno habían
puesto fin a la rebelión con un saldo de más de 400
muertos y 700 heridos. Tres días después, luego de
ser capturados los jefes del alzamiento, cae el último
reducto de los insurrectos, el Fortín Solano.
Posteriormente, se comprobó la participación en los
acontecimientos del "Porteñazo" de políticos
ligados al Partido Comunista de Venezuela y se inició una
profundización de la política de depuración
en las Fuerzas Armadas de oficiales ligados o sospechosos de
simpatía con la izquierda.

El Guairazo:

El 28 de febrero, cuando cientos de
personas protestaban en las calles de La Guaira en apoyo a la
huelga de transporte público, los manifestantes (con el
apoyo del Partido Comunista de Venezuela) se congregaron en las
puertas del Batallón de Infantería de Marina No.1
para ser armados para un posterior levantamiento. Sin embargo y
contrariamente a lo que los manifestantes pensaban, el comandante
del batallón Capitán de Corbeta Víctor Hugo
Morales Monasterios llama a la Policía, quien arresta a
unas doscientas personas. Días después, servicios
de inteligencia comprueban la participación de Morales
Monasterio en un plan conspirativo, junto con el Batallón
Blindado No.8 de Caracas y el Destacamento de la Guardia Nacional
No.99 de Maiquetía, además de elementos comunistas
y de extrema izquierda. El Capitán de Corbeta Morales
Monasterio es separado de su cargo y puesto a la orden de la
Comandancia de la Armada.

Acción
Democrática:

Indudablemente, ningún partido ha
tenido tanta significación ni ha marcado tanto a la
sociedad venezolana como AD. Acción Democrática
constituye el último eslabón de una cadena que va,
en un período de unos diez años, desde ARDI (1931),
pasando ORVE (1936), PDN (1936 y 1939) y que concluye con su
legalización en 1941. Hemos recorrido ya las primeras
etapas de esta historia así que vamos a concentrarnos
ahora en las últimas.

Una vez concretada la designación
del PDN-36, Betancourt reorganiza su grupo y lanza la propuesta
de refundar el PDN pero no como un bloque, sino como un partido
aglutinado alrededor de un programa y una ideología
comunes, que deben ser de orientación policlasistas.
Así, y bajo la doctrina formulada por Betancourt, se
refunda el PDN en septiembre de 1939, esta vez de forma
clandestina, razón por la cual se le conoce como "PDN
ilegal". A la cabeza de la nueva organización permanece
Betancourt, ejerciendo el cargo Secretario General. En la primera
Conferencia Nacional del PDN-39, realizada el 30 de septiembre
de1939, se presentan la Tesis Política y el Programa de la
organización. Normalmente se entiende que la tesis
(análisis de la realidad) y programa del PDN-39 son los
mismos que los que dan origen a AD en 1941.

Estas tesis programáticas,
enmarcadas en el contexto ideológico del partido
policlasista, constituyen la génesis en Venezuela de lo
que hoy en día se conoce como el proyecto populista de
modernización, el cual descansa en los partidos como
sujeto político del proceso. Para llevarlo adelante es
necesario constituir una fuerza política cuyo punto de
apoyo sean las necesidades del pueblo y sus esperanzas de verlas
satisfechas por la acción del Estado. Así, ese
partido se erige como representación de los ideales del
pueblo.

El PDN nunca logró su
legalización, razón por la cual los miembros del
PDN-39 formulan finalmente una estrategia para salir de la
clandestinidad, transformándose en 1941 en Acción
Democrática y lanzando la llamada "candidatura
simbólica" de Rómulo Gallegos para las elecciones
indirectas de ese año.

El Partido social-cristiano
Copei:

Durante la etapa de transición
postgomecista, quienes poseían ideas más definidas
en el campo de lo político eran los dirigentes que en el
destierro o en la cárcel habían adoptado las
corrientes marxistas-leninistas o socialistas, por lo que todas
las organizaciones que comienzan a funcionar en el país
están influidas por este pensamiento. Contra esta
hegemonía ideológica del socialismo marxista
aparece en mayo de 1936 la Unión Nacional estudiantil
(UNE), contraparte de la Federación de Estudiantes de
Venezuela (FEV), y lid erizada por Rafael Caldera y Pedro
José Lara Peña. Esta UNE será la raíz
del movimiento social-cristiano venezolano que cobrará
importancia a partir de 1945, cuando luego de ser "Acción
Electoral" y después de "Acción Nacional" se
transforme en COPEI.

El partido social-cristiano COPEI es de
data más reciente que otros; no tiene su origen en la
oposición o la herencia del régimen de
Gómez. Podría decirse más bien que nace de
los movimientos laicales que estimularon las encíclicas
papales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX;
organizaciones o movimientos que fueron mundialmente conocidos
como la Acción Católica.

En Venezuela, un sector en particular, la
Juventud de Acción Católica (JAC) fue la que tuvo
mayor dinamismo gracias al auspicio de los colegios de religiosos
donde se formaban jóvenes dispuestos a defender las ideas
católicas frente a las amenazas del liberalismo
capitalista y muy especialmente de las tendencias comunistas.
Así, la JAC debe considerarse como el espacio inicial de
formación doctrinaria de una juventud destinada a ser
futura élite política, pero no debe confundirse con
las organizaciones políticas que algunos de sus miembros
formarán más adelante.

El primer antecedente propiamente
político-organizacional de los socialcristianos debe
situarse, como ya se ha mencionado, en 1936 en esa fecha se funda
la Unión Nacional Estudiantil (UNE), organización
universitaria formada como escisión de jóvenes
militantes católicos en fuerte desacuerdo con la
dirigencia laicista y anticlerical de las FEV.

Si bien, es una organización
estudiantil, la UNE alcanza un alto nivel de audiencia nacional,
principalmente en los sectores conservadores del país que
carecen de organizaciones distintas al gobierno y agrupaciones a
fines.

Con respecto a Venezuela, el tema educativo
ocupa un lugar central en el programa, poniendo el énfasis
en la defensa de la educación privada y la función
subsidiaria del Estado. Otras materias, como la económica,
la social y la política, tendrán una
formulación muy ambigua que puede sintetizarse en la idea
de la búsqueda de una conciliación de las clases
sociales que apunte hacia el bien común. Continúan
reivindicando la lucha por la defensa de las legítimas
tradiciones venezolanas, por la justicia social, por la
exclusión de la propaganda internacional clasista y por la
defensa de la Iglesia Católica.

En el seno de esta organización
comienza a parecer divergencias en cuanto al carácter
democrático o no del sistema político a instaurar.
Si bien AN no es sino una agrupación minoritaria, su
actividad pública se centra en el parlamento y en uno de
sus representantes, Rafael Caldera. Esto tendrá mucha
importancia no solo en el ámbito político sino en
la aproximación de Caldera y su grupo hacia posiciones
democráticas , no del todo claras par otro sector del
partido AN comienza un debate por la aceptación o de las
ideas democráticas, el cual esta líder izado por
Caldera por el lado democrático y Lara Peña por el
conservador.

El nuevo partido fuerza durante esta etapa
entre los sectores de activa fe católica de Caracas y
Valencia ligados al liderazgo de caldera y vinculado desde el
principio a la UNE y a AN, además de arraigarse
rápidamente en la región de los andes,
especialmente en Táchira, Mérida. Gracias al
respaldo obtenido en estas poblaciones, COPEI se
constituirá a los pocos meces de su fundación como
el segundo partido del país.

Rómulo
Betancourt "El Arribo de la Seudo Democracia"

Surgimiento del
Clientelismo.

En la base de la composición de
estas lealtades partidistas se encuentra el clientelismo. La
organización y la movilización de los partidarios
tienen un fuerte contenido clientelar; más que eso,
podemos hablar de una "cultura clientelar", donde los partidos
son percibidos por la población como dadores de beneficios
de cualquier tipo, más que mecanismos de agregación
de intereses y de expresión de demandas. Esta
visión está ligada principalmente a los partidos
denominados tradicionales, AD y Copei, pero se extiende
también a las otras organizaciones
políticas.

El clientelismo ha tenido perversos efectos
sobre las instituciones públicas. En primer lugar, las ha
hecho ineficientes, al limitar su propia capacidad de control.
Las decisiones dejan de tener un principio racional -la
consecución de un objetivo con el uso eficiente de los
recursos disponibles- para teñirse de partidismo -el
objetivo depende de los intereses del partido, los recursos
pueden ser redirigidos. En segundo lugar, las lealtades no se
establecen con las instituciones, ni con sus objetivos, sino que
se dirigen hacia los líderes del partido. Por
último, el clientelismo brinda protección a los
funcionarios incompetentes o deshonestos. De esta manera, se
crean las más propicias condiciones para que prospere la
corrupción, que se extendió no solamente a las
instituciones políticas, sino sobre todas las esferas de
la vida nacional. La recesión económica hizo
aún más crítica la situación cuando
los recursos, que en algunas etapas fueron abundantes, comenzaron
a reducirse.

La prolongada y profunda crisis
económica, y los graves acontecimientos ocurridos a partir
de 1989 -motines y saqueos del 27 y 28 de febrero, dos intentos
de golpe de Estado, destitución del presidente
Pérez- han hecho centrar el interés sobre el
desempeño de los partidos como responsables primordiales
de las decisiones públicas. En el marco de un proceso de
deterioro del apoyo al sistema político, donde la
desconfianza en las instituciones democráticas prevalece
en la opinión pública, los partidos
políticos y sus líderes se han constituido en el
centro de las más severas críticas por parte de la
población.

El clientelismo, una de las más
dañinas secuelas del modelo del 23 de enero, sigue
presente ayudando a mantener las condiciones que propician la
corrupción. Aunque se ha intentado formalmente poner en
práctica controles a la corrupción, éstos no
tienen mayor impacto, puesto que falta una verdadera
determinación para combatirla. Esto implicaría una
modificación de las relaciones clientelares presentes en
todos los niveles de la administración pública y de
las relaciones entre el sector privado y el
público.

Partidismo.

Los partidos políticos han sido los
actores principales de la democracia venezolana desde su puesta
en marcha, penetrando todas las esferas de la vida
política y social del país, de ahí que se
hayan convertido en el blanco de las críticas. La
naturaleza y funcionamiento del sistema de partidos se ha
ajustado más a la lógica de los sistemas
bipartidistas: AD y Copei serán las únicas fuerzas
con posibilidades de alcanzar la presidencia y obtener la
mayoría parlamentaria; y se producirá la
alternancia en el poder de forma pendular, una gestión
juzgada desastrosa por sus resultados se traduce en el triunfo
electoral de la oposición.

El populismo.

El populismo en política es una
enfermedad tan común como la megalomanía. Desde la
más remota historia, en la humanidad han habido casos como
el de Calígula, que no solamente repartía panes en
los circos, sino que, además, para contentar a la plebe
nombró a su hermoso corcel Incitato, Cónsul de la
República, para así humillar al Senado Romano que
en aquel entonces representaba a la oligarquía, que por
supuesto, como ahora, era terriblemente envidiada por el
populacho ignorante y hambriento.

El populismo venezolano en sus distintas
declinaciones no fue una creación EX – NIHILO. Sus
primeras manifestaciones se remontan como lo señalamos a
la primera mitad del siglo XX, cuando se van forjando un
imaginario político moderno y de representaciones afines.
En los años 1930 – 1940 el pueblo llega a adquirir
el estatuto de protagonista político por una vía
relativamente original ya que este logro fue obra de un partido
político de inspiración leninista, Acción
Democrática. De hecho, Rómulo Betancourt
participó en lo que el escritor Alexis Márquez
califica de "Creación de la más poderosa maquinaria
política que haya habido, el partido de Acción
Democrática, cuya actual postración y, si se
quiere, virtual desaparición no desmiente lo que
llegó a ser en el pasado". Otra peculiaridad de la
práctica política de Rómulo Betancourt fue
también la de haber gobernado exitosamente el país
en el periodo quizás más convulso en la historia
venezolana, enfrentando poderosos enemigos y no menos poderosas
acciones de adentro y de fuera del país.

Raúl Leoni
"Extensión del gobierno de Betancourt"

Durante su gobierno se caracterizo por ser
abierto a todas las fuerzas democráticas partidistas, que
él denominó de amplia base, su mandato obtuvo
prontamente el apoyo de URD. Mientras que COPEI disolvió
su acuerdo del Pacto de Punto Fijo y pasó a formar parte
de la oposición a Leoni. Su período presidencial es
considerado como una etapa de concordia y entendimiento nacional.
Por otra parte, los partidos inhabilitados de la extrema
izquierda que estaban involucrados en las luchas armamentistas
contra los gobiernos constituidos, como el Partido Comunista de
Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
mantuvieron su lucha paramilitar. Sin embargo, el PCV clandestino
decidió por constituirse en un nuevo partido, mientras que
el MIR llamó a la abstención para las elecciones de
1968.

En cuanto a los aspectos económicos
del gobierno de Raúl Leoni, se siguió la misma
política de la presidencia de Betancourt. Se puede decir
que el mayor éxito de la presidencia de Leoni fue el que
tuvo en la reconstrucción de la economía del
país.

En su gobierno llevó a cabo
importantes proyectos de infraestructura como: el desarrollo de
la industria hidroeléctrica y siderúrgica. Las
obras principales que en éste campo se construyeron
fueron: la primera etapa de la Represa del Guri y la
ampliación de las centrales térmicas de La Cabrera,
Las Morochas, La Fría y Punto Fijo. Así mismo
realizo significativas obras donde se construyó planteles
de educativos públicos.

División de AD
en el MEP

El MEP nace de la división del
sector de izquierda de Acción
Democrática (AD) en 1967, luego de las pugnas
internas por la elección del presidente de ese partido,
así Luis Beltrán Prieto Figueroa, entonces
presidente de AD decide retirarse de esa organización
junto con otros líderes notables, entre ellos Jesús
Ángel Paz Galárraga. Este hecho significaba la
tercera división de AD, todas en esa década, pero
la creación del MEP es considerada como la más
trascendental, por las figuras y cargos que asumían dentro
del partido así como la cercanía de
las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1968. Para
el momento de la creación del MEP los partidos de
izquierda estaban divididos, unos aún se mantenían
en la lucha guerrillera contra el gobierno de Raúl
Leoni, otros preferían el abstencionismo y el Partido
Comunista de Venezuela (PCV) se retiraba de la lucha armada
aunque no se le otorgaba la autorización para participar
bajo ese nombre, ante ese escenario surgía un partido de
izquierda que proponía cambios bajo un sistema
democrático socialista y de liberación nacional,
que significa, el poder en manos de la clase obrera y
trabajadores de la ciudad y el campo, la propiedad social sobre
el petróleo y la industrias básicas, así
como el control del Estado sobre los recursos naturales,
educación, servicios básicos de salud y seguridad
social entre otros.

Rafael Caldera "Proceso
de Pacificación"

Entre las más significativas iniciativas de su
gestión gubernamental, que definirá como
"nacionalismo democrático", se contarán en lo
interno: la política de pacificación que
facilitó la reincorporación al juego
democrático del Partido Comunista de Venezuela y del
Movimiento de Izquierda Revolucionario, en armas desde 1960; la
reforma educativa; la nacionalización del gas y la
regionalización del desarrollo; los programas de
construcción de viviendas y de promoción popular y
la denominada "Conquista del Sur".

En lo internacional: la suspensión de la
denominada Doctrina Betancourt (la cual establecía una
especie de cordón sanitario en torno a los
regímenes no surgidos de elecciones democráticas)
por la política de "solidaridad pluralista"
latinoamericana; la promoción de la idea de una "justicia
social internacional"; la distensión con los países
comunistas, incluida Cuba; y la firma del Protocolo de Puerto
España, que estableció un plazo de moratoria para
la disputa limítrofe con Guyana.

Durante el gobierno de Caldera se
venció el "Acuerdo del Ginebra" firmado en 1966 con lo
cual se planteaba de nuevo con urgencia en la agenda de la
política exterior venezolana la cuestión de la
Guayana Esequiba. El gobierno de Caldera decidió firmar
con Guyana el llamado "Protocolo de Puerto España" (1970)
mediante el cual se congeló la discusión sobre
dicha materia durante 12 años. En cuanto a
relaciones económicas internacionales, durante la
presidencia de Caldera ocurrieron varios hechos de importancia:
la denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados
Unidos (1972) la nacionalización de la explotación
del gas (1971).

Firmó la "Ley de Reversión",
primer paso hacia la nacionalización de la industria
petrolera, en la cual se establecía que en 1983, se
revertían todas las concesiones petroleras que
habían sido otorgadas a las empresas petroleras
extranjeras. Al final de su período de gobierno,
ocurrió un evento que marcaría profundamente la
sociedad venezolana de los próximos años: En
octubre de 1973, como consecuencia de la "guerra de los seis
días" entre Israel y Egipto, los países
árabes realizaron un embargo petrolero que ocasionó
que los precios pasaran de 3 $/barril a 14$/barril, triplicando
el presupuesto de la nación de 14 a 42 mil millones de
Bolívares.

1er. Gobierno de Carlos
Andrés Pérez "La gran Venezuela"

Carlos Andrés Pérez (CAP) se
encontró con un problema que muy pocos gobernantes del
mundo han tenido: ¿Qué hacer con tanto dinero? Lo
que parece increíble es que a todo el caudal de ingresos
adicionales que recibió CAP por el incremento de precios
del petróleo, se añadió el endeudamiento por
las grandes inversiones que debían hacer de Venezuela un
"gran País". Es durante este período que se
promulgó la "Ley orgánica que reserva al estado la
industria y el comercio de los hidrocarburos", mediante la cual
se "nacionalizaba" (se debería decir "estatizaba") el
petróleo, a partir del 1 de enero de 1976.

El 1 de enero de 1975, desde la ciudad de
Puerto Ordaz, el Presidente de la República anunció
la nacionalización del hierro; semanas después, el
día 21, estalló una huelga general de los
trabajadores de la industria del hierro nacionalizada.

El presidente Carlos Andrés
Pérez proclamó la nacionalización de la
industria de hierro. De esta manera, las concesiones que se
habían otorgado a compañías privadas
extranjeras (Orinoco Mining y Iron Mining Co.), quedaron
extinguidas y la explotación pasó a manos del
Estado por intermedio de Ferrominera del Orinoco empresa
básica de la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG). Así, el Estado asumió el control directo y
ejerció el derecho de propiedad plena de la industria del
hierro, como también la libertad completa de
decisión y gestión para dirigir dicha
industria.

Antecedentes que dieron origen a este
acontecimiento:

La Nacionalización del Hierro tuvo
como base jurídica la constitución de 1961 en su
artículo 97: "El Estado podrá reservarse
determinadas industrias, exploraciones y servicios de
interés público por razones de conveniencia
nacional".

El 29 de abril de 1974, el Presidente de la
República, Carlos Andrés Pérez,
solicitó al Congreso Nacional poderes extraordinarios para
tomar una serie de medidas económicas y financieras. Entre
éstas anunció su propósito de nacionalizar
la industria de hierro.

El 30 de mayo del mismo año, el
Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica que
autorizaba al presidente a dictar las medidas extraordinarias en
materia económica y financiera y así la ley lo
autorizó para dictar las medidas que aseguraran al Estado
venezolano la reserva de la industria de la explotación
del mineral del hierro y estableciera los mecanismos para la
recuperación de las concesiones otorgadas.

Se dictaron una serie de decretos, entre
ellos el 580 por medio del cual "Se reserva al Estado, por
razones de conveniencia nacional, la industria de
explotación del mineral de hierro; en consecuencia, quedan
extinguidas las concesiones otorgadas"

El 7 de diciembre de 1974, el Presidente de
la República, Carlos Andrés Pérez, en el
Palacio Legislativo anunció oficialmente la
Nacionalización de la industria del hierro y dio a conocer
el alcance del decreto. El mismo decreto estableció que el
Estado ejerce por intermedio de la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG) la industria de la explotación del
mineral del hierro en el territorio nacional y autorizó a
la misma, para que gestionara todos los convenios que fueran
necesarios con los concesionarios extranjeros.

El 27 de diciembre, el Congreso Nacional
aprobó las Actas Convenio celebrados entre la CVG y las
empresas concesionarias: Iron Mines Company of Venezuela y
Orinoco Mining Company. Éstas eran las empresas
trasnacionales que venían trabajando la explotación
del hierro. Así, el 31 de diciembre quedaron extinguidas
las concesiones que había otorgado el Ejecutivo Nacional y
que habrían durado normalmente hasta los años 1998
y 2028. El 1ª de Enero de 1975, en acto histórico
celebrado en Ciudad Piar, población surgida como
consecuencia del auge siderúrgico, el presidente
Pérez proclamó solemnemente la
nacionalización de la industria del hierro.

En el 1978, en especial se acelera el
proceso de endeudamiento de Venezuela. El 5 de enero de 1978, se
informa del ingreso al Tesoro Nacional del empréstito de
20.000.000.000 de yens, equivalentes a US $ 80.000.000,
contratado por Venezuela en el Japón mediante la
colocación de bonos. El 14, Venezuela obtiene un
empréstito de Bs. 765.000.000 en algunos bancos de
países árabes miembros de la OPEP. El 2 de febrero,
en Londres, se firma un préstamo con un consorcio bancario
inglés por la cantidad de Bs. 5.160.000.000.

Luis Herrera Campins "Estalla la crisis":
Viernes negro (devaluación de la moneda): Endeudamiento
Externo: Espiral inflacionaria; RECADI como símbolo de
corrupción: incremento de las desigualdades
sociales.

Cuando Luis Herrera Campins declaró que
"recibía un país hipotecado", muchos venezolanos se
alegraron pensando que el gobierno se ocuparía de pagar la
deuda y disminuir así el peso de la misma, pero estaban
equivocados: Cuando Luis Herrera salió del gobierno, la
deuda se había incrementado.

El Viernes
Negro en Venezuela, se refiere en síntesis
al día viernes 18 de febrero de 1983, cuando
el bolívar sufrió una devaluación
frente al dólar estadounidense, derivado de
políticas económicas asumidas por el entonces
presidente Luis Herrera Campins, cuyo gobierno en el momento
recurrió al control de cambio, imponiendo una
restricción a la salida de divisas.

Consecuentemente, para Venezuela, el
Viernes Negro representa un hito que cambió su historia
económica. Hasta ese día se mantuvo oficialmente la
estabilidad y confiabilidad que desde la segunda década
del siglo XX había caracterizado al bolívar, cuya
última cotización libre con respecto al
dólar fue al valor fijo de 4,30 bolívares. Desde
entonces la devaluación constante del bolívar,
complicaciones con el pago de la deuda externa, acelerado
deterioro del poder adquisitivo y la
implantación de un control de cambio llamado
"Régimen de Cambio Diferencial" (RECADI) –que tuvo
graves casos de corrupción– por el gobierno
de Jaime Lusinchi hicieron desaparecer la estabilidad
cambiaria de la moneda venezolana.1

Al Viernes Negro en Venezuela le anteceden
hechos tales como la caída de los precios del
petróleo que llevó a las exportaciones
petroleras de 19,3 millardos de dólares en 1981 a casi
13,5 millardos en 1983 (una caída del 30 por ciento) y el
inicio de la crisis de la deuda en América Latina,
produjeron una fuga de capitales de casi 8 mil millones de
dólares y por ende el correspondiente descenso de las
reservas internacionales, factores que hacían inminente
una devaluación.

Es así como
el "domingo 20 de febrero, el Presidente Luis
Herrera Campíns dicta un decreto de suspensión de
la venta de divisa extranjera durante los días lunes 21 y
martes 22. Esta medida fue extendida posteriormente hasta el
día 25 de febrero; y el día 22, por decreto
presidencial, se establece un control diferencial que permite el
cambio de 4,30 bolívares por dólar sólo para
los gastos corrientes, envío a estudiantes del exterior,
amortización de las deuda pública interna y la
privada externa y para las operaciones de la industria petrolera,
del hierro y otros renglones". (2)Nace, en medio de una
turbulencia nacional denominada por los medios de
comunicación como Viernes Negro: La Oficina del
Régimen de Cambios Diferenciales, que pasaría a los
anales de la historia nacional por sus siglas, RECADI. Esta
organización manejó a sus anchas todas las divisas
que circularon por las cuentas bancarias desde 1983 y hasta 1989,
sin que nada –al menos hacia el conocimiento
público- diera cuenta de la oscura procesión que se
movía por dentro.

Jaime Lusinchi "La estafa al pueblo
Venezolano": Ley Habilitante de la Deuda Externa
¿Restauración de la deuda externa? Impacto de la
deuda externa en el fisco nacional, Destrucción de las
reservas internacionales Operativas y en oro. Incremento de la
Inequidad social y la miseria.

En cuanto a los escándalos
de corrupción administrativa, protagonizó la
escena el mal manejo del sistema cambiario en el organismo de
Régimen de Cambio Diferencial (RECADI) que
incluiría a partidos políticos, como la compra de
65 autos rústicos para la campaña
electoral de Acción Democrática con fondos del
Estado, la invención de miles de empresas del Estado que
nunca existieron con la única finalidad de solicitar
dólares preferenciales, el abuso de los más de
50.000 millones de dólares en el pago de la deuda
pública externa que nunca se solventó (en 1984 era
de más de 27.000 millones de dólares, en su
mayoría a ser pagados en corto plazo, más el
anuncio de la suspensión de pagos del 2 de enero de 1989);
el mal manejo de recursos del Instituto Nacional de
Hipódromos y la gran escoria que causó el balance
de las reservas del Banco Central de Venezuela, que en
diciembre de 1985 eran de 10.251 millones de dólares, y
para 1988 eran de apenas 3.092 millones de
dólares.

Este instrumento legal, conocido como ley
habilitante le daba poderes especiales al Presidente de la
República para imponer los urgentes correctivos necesarios
para recuperar progresivamente a la economía venezolana,
fuertemente afectada por políticas, económicas
erradas e incoherentes tomadas por la administración
anterior, según lo expresado en la exposición de
motivos de la mencionada ley. Debido a que las decisiones en
materia económica tomadas en los primeros meses del
Gobierno de Lusinchi, afectaban a los sectores de menores
recursos, se decretaron un conjunto de medidas compensatorias de
tipo social para atenuar esos efectos.

Con el fin de anunciar la estrategia a
seguir para recuperar la economía venezolana, el
Presidente Jaime Lusinchi convoco al Palacio de Miraflores, el 24
de febrero de 1984, a todos los representantes de la vida
nacional. En esa oportunidad, el Presidente de la
República afirmo : "Requisito básico de esta
estrategia dirigida a superar la crisis es la definición
de orientaciones claras por parte del gobierno, y el
establecimiento de un clima de confianza basado en el
entendimiento y la compresión y en el esfuerzo productivo
mancomunado de gobierno, trabajadores y empresarios".

La restauración de la deuda
externa:

Iniciando su gestión, el panorama no
era para nada alentador, hace apenas un año que la moneda
había sido devaluada, Hereda Lusinchi una grave
situación económica con una deuda externa que,
luego de meses de análisis y gracias a la gestión
de los bancos internacionales acreedores de la deuda Venezolana,
se pudo cuantificar en más de 30 mil millones de
dólares. Lusinchi debe gobernar en tiempos
difíciles Los signos monetarios, fiscales y
económicos eran negativos y existían
contradicciones radicales entre las autoridades fiscales sobre
los métodos para resolver la crisis, lo que
producía incertidumbre. Lusinchi, suspendió el pago
de la deuda externa, pasándole a su sucesor el problema,
como en un momento, también le fue pasado a él por
el gobierno de Herrera Campins.

Destrucción de las reservas
internacionales operativas y en oro. El intento de reanimar la
economía en el año 1986, mediante una
reestructuración de la política fiscal y monetaria,
llevo a la disminución de los precios del petróleo
en un 47%, lo cual condujo a devaluar el tipo de cambio desde un
7,50 hasta un 14,50 Bs/$, cambio fijado sin argumentación
alguna. Para 1987, Lusinchi anunció el financiamiento de
la deuda externa venezolana por parte de la banca internacional.
Una negociación que dejo mal parada a Venezuela en
términos económicos, ya que se cancelaron las altas
sumas que debieron a los acreedores, la cual se aproximaba a unos
30.000 millones de dólares. Se realizaron numerosas
negociaciones para refinanciar la deuda y paralelamente un nuevo
endeudamiento. La continuación del deterioro de los
precios del petróleo y como resultado de la constante
devaluación del bolívar. Protegió
afanadamente a los inversionistas tanto industriales como
agrícolas.

En la búsqueda de un equilibrio
social, se anunció, entre otros, un bono compensatorio de
transporte de Bs 100 mensuales para los asalariados de menos de
Bs 3.000 mensuales durante un período de 2 años, el
establecimiento de comedores industriales y la promesa de
incrementar en un 10% la nómina de las empresas para el
próximo semestre. Por otra parte, se ordenó a los
ministros revisar sus programas para reducir los gastos de
funcionamiento. Se anunciaron algunas medidas tendientes a
estimular el desarrollo agropecuario, entre ellas elevar el
aporte de la banca privada a la agricultura a un 22,5% de sus
carteras crediticias. El presidente recalcó la onerosa
cifra de la deuda, que ubicó en los Bs 175.000 millones,
un endeudamiento, dijo, muchas veces contraído al margen
de la ley, y reiteró que se estableciera la verdad sobre
el mismo. Verdad que nunca llegó y que lamentablemente,
lejos de disminuirse, al lograrse acuerdos con el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional, vuelven a abrirse las
compuertas del caudal de dinero que el Estado utilizó para
seguir financiando su gigantesco y creciente déficit.
Paralelamente a las acciones del gobierno, los casos de
corrupción se multiplicaron exponencialmente a pesar de la
supuesta aplicación de la Ley de Salvaguarda del
Patrimonio Público que sólo conoció de un
encarcelado, el famoso chino de Recadi. Lusinchi logró
mostrar avances en la agricultura en el marco de lo que
llamó el milagro agrícola logrando la
disminución casi total de la dependencia del exterior en
todos los rubros agrícolas. Se avanzó en la reforma
del Estado dándose grandes pasos hacia la
descentralización y desconcentración de poder. El
período 1983-1989, fue una especie de nube que cegó
la visión de la sociedad venezolana, al punto de hacer
casi imperceptibles los desmanes que frente a la aparente
estabilidad y crecimiento del país, quedaron relegados y
por segunda vez en la historia democrática de Venezuela,
un presidente adeco, entregaba la banda presidencial a otro
integrante de su mismo partido pero en esta oportunidad con el
atenuante de entregarle a un expresidente que nuevamente
asumiría la primera magistratura, y el saliente
saborearía las mieles del éxito y una popularidad
sin precedentes al ser despedido con una ovación de pie de
todos los presentes a la opulenta y obscena toma de
posesión del nuevo mandatario. Lástima que
años más tarde esa nube se disiparía y
aquella popularidad del expresidente se transformaría en
el peor de los castigos para una figura pública: El
olvido. El Dr. Lusinchi reside en Miami con sus hijos y
según amigos, transcurre sus días como un mortal
cualquiera y sin la compañía de su célebre
secretaría privada. "Un hombre de Estado es el que se pasa
la mitad de su vida haciendo leyes, y la otra mitad ayudando a
sus amigos a no cumplirlas".

Últimos
años de la democracia representativa y rebeliones
populares

2do gobierno de Carlos Andrés
Pérez. Primeras elecciones de gobernadores y alcaldes:
paquetes de medidas neoliberales; Efecto de la caída de
los comunistas y el Bloque Soviético; Carta de
intensión al FMI; El Caracazo; suspensión de las
garantías constitucionales;
privatizaciones.

Primeras Elecciones de Gobernadores y
Alcaldes:

La elección de las autoridades
regionales ya estaba contemplada en la Constitución de
1961, sin embargo, no se habían realizado más que
elecciones para los Concejos Municipales en 1979 y 1984, los
gobernadores y alcaldes eran designados directamente por el
Ejecutivo Nacional. En 1984 el gobierno del entonces presidente
de la República Jaime Lusinchi decreta la creación
de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
(COPRE) en donde se estipulaba hacer efectivo el ordenamiento
jurídico de aquella constitución que para el
momento no era aplicado. La COPRE fue dirigido por Ramón
J. Velásquez desde su instalación en 1985, en 1987
la comisión presidencial arroja como resultado el impulso
de una política para la descentralización
territorial en Venezuela, pero el gobierno de Lusinchi
rechazó el documento junto a los líderes de su
partido Acción Democrática (AD), éstos
decidieron retardar en el Congreso los mecanismos de
elección para los Estados y Municipios, []en 1989 asume la
presidencia Carlos Andrés Pérez también de
AD oponiéndose en un principio a la elección de
esas autoridades pero debido a conflictos sociales como el
Caracazo termino aceptando y se aprobaron las respectivas leyes
en el Congreso.

El 03 diciembre de 1989 se realizan por
primera vez en Venezuela elecciones para elegir a los
gobernadores y alcaldes de las regiones para el período
1990-1993, éstos cumplirían sus funciones por
período de tres años con posibilidad de
reelección inmediata una sola vez. Los cambios sociales
ocurridos luego del Caracazo el 27 de febrero de ese año
dejaron también significativos cambios políticos en
diciembre, [] porque pese a que se mantenía el
bipartidismo encabezado por AD y Copei se lograron triunfos
sorpresivos en los Estados Aragua y Bolívar al resultar
electos Carlos Tablante del Movimiento al Socialismo (MAS) y
Andrés Velásquez de La Causa R (LCR). Al igual que
recientes procesos electorales de entonces la abstención
iba en aumento, para esa elección llegó al
54,9%.

A pesar de haber sido acusado de
corrupción en su primer gobierno, lo cual se tradujo en el
sonado caso del "Sierra Nevada", un buque frigorífico
comprado durante su gobierno, el ex-presidente se lanzó a
la campaña política, con gran éxito, ya que
logró el 53% de los votos, vs. Un 40% del candidato
Eduardo Fernández de COPEI. El País, confió
en que Pérez, podría volver a gobernar y regresar a
Venezuela a aquella bonanza petrolera en la que se
caracterizó su primer período.

Paquete de medidas
neoliberales:

El programa económico de ajustes o
"Paquete Económico" contemplaba medidas de
aplicación inmediata y otras de aplicación gradual
pero en plazos relativamente cortos Esta situación no
proporcionó a Pérez mucho margen de maniobra.
Anunció un plan de austeridad consistente en la
liberación de las importaciones, eliminación de los
controles de precios, privatización de las empresas no
estratégicas en manos del estado [cuyo logro principal fue
la venta de la "Compañía Anónima Nacional
Teléfonos de Venezuela (CANTV)"], aumento del precio de la
gasolina, congelación de salarios, reducción del
tamaño del Estado así como del gasto
público. Los puntos más destacados del programa
pueden resumirse así:

• Pedir financiamiento al Fondo
Monetario Internacional (FMI) acogiéndose a un programa de
ajustes con el fin de obtener un financiamiento de US $
4.500.000.000 en 3 años.

• Liberar las tasas de interés
activas y pasivas hasta un tope temporal fijado en alrededor del
30%.

• Unificar la tasa cambiaria,
eliminando la tasa preferencial de divisas y realización
de todas las transacciones a la nueva tasa flotante y por tanto
la criticada Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales
(RECADI).

• Liberar los precios de todos los
productos excepto 18 renglones de la "cesta
básica".

• Incrementar tarifas de servicios
públicos luz, agua potable, gas domestico y
teléfono.

• Aumentar anualmente el precio de la
gasolina y otros derivados del petróleo en el mercado
nacional, durante 3 años, con un primer aumento de 100% en
el precio de la gasolina y un 30% en el del
transporte.

• Aumentar los sueldos de la
administración pública entre el 5 y el 30%, el
salario mínimo a Bs. 4.000 en la ciudad y Bs. 2.500 en el
campo.

• Congelar los cargos de la
administración pública.

• Racionalizar y eliminar
progresivamente los aranceles de importación.

• Reducir el déficit fiscal a
un máximo del 4%

• Efecto de la caída de los
países comunistas y el bloque soviético

El efecto dominó: Tras la
caída del bloque soviético sobrevienen un conjunto
de acontecimientos políticos en la totalidad de los
países comunistas de la Europa Oriental cuyo sistema
político era semejante al de la URSS.

Bloque soviético:

Los esfuerzos de Gorbachov por dinamizar el
sistema comunista, acabaron convirtiéndose en
incontrolables, parte de una cascada de acontecimientos que
concluirían con la propia disolución de la
Unión Soviética. Concebidas como instrumentos para
sostener la economía soviética, la perestroika
(Reestructuración) y la glasnost (Apertura Transparencia o
franqueza) pronto condujeron a ciertas consecuencias
involuntarias. La relajación que trajo consigo la glasnost
provocó que el Partido Comunista de la Unión
Soviética (PCUS) perdiera su dominio absoluto sobre los
medios de comunicación. En poco tiempo éstos
comenzaron a exponer los graves problemas sociales y
económicos que el gobierno soviético había
negado largo tiempo, cuando no ocultado. Entre los más
llamativos se encontraban los problemas de alojamiento, el
alcoholismo, las drogas, la contaminación, las
fábricas anticuadas de la era de Stalin y la
corrupción. Todos esos problemas no habían existido
en el discurso de los medios oficiales durante décadas.
Los medios también expusieron delitos cometidos por el
propio Stalin y por el régimen soviético, como los
gulags, los tratados firmados con Hitler, y las Grandes Purgas.
Además, la guerra de Afganistán y el mal manejo del
desastre de Chernóbil en 1986 dañaron la
credibilidad del gobierno.

En total, la visión positiva de la
vida en la URSS que habían mostrado los medios oficiales
durante décadas estaba siendo rápidamente
desmontada. Esto minó la fe del público en el
sistema, y erosionó la base social del Partido Comunista,
amenazando la identidad y la integridad de la misma
Unión.

Aunque había habido diferentes
proclamas independentistas con anterioridad al golpe (la primera,
en enero 1990, de la República Soviética
autónoma de Najicheván, actualmente
Azerbayán, o la posterior de 11 de marzo de Lituania), fue
tras éste que las repúblicas soviéticas
aceleraron sus respectivos procesos de independencia, declarando
su soberanía una tras otra. El 6 de septiembre de 1991, el
gobierno soviético reconoció la independencia de
los tres países bálticos, que tenían el
apoyo decidido de las potencias occidentales. Aún
así el 18 de octubre, Gorbachov y los representantes de 8
repúblicas (excluyendo Azerbaiyán, Georgia,
Moldavia, Ucrania y los Países del Báltico)
firmaron un acuerdo que daba forma al referéndum de
agosto, formando una nueva comunidad económica. El 1 de
diciembre de 1991 Ucrania celebraba un referéndum, en el
que el 90% de votantes optaba por la independencia.

Mientras tanto, la situación de la
economía soviética siguió
deteriorándose. Hacia diciembre de 1991, la escasez de
comida en Rusia central causaba la introducción del
racionamiento en el área de Moscú por primera vez
desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Gorbachov y su
gobierno aún eran opuestos a las reformas demasiado
rápidas o radicales, como se consideró el programa
de los 500 días de Grigori Yavlinsky. Para acabar con la
oposición de Gorbachov, Yeltsin decidió disolver la
Unión Soviética de acuerdo con el Tratado de la
Unión de 1922, removiendo de su cargo a Gorbachov y al
propio gobierno de la URSS. Vista como una medida forzosa para
salvar al país del colapso económico, la
actuación de Yeltsin fue ampliamente extensamente apoyado
por la población, así como por los gobiernos de
Ucrania y Bielorrusia, partidarios también del Tratado de
1922.

Con el tiempo irían proclamando su
independencia casi todas las repúblicas de la
Unión, así como algunas repúblicas
autónomas de Rusia, concluyéndose la
disolución política de la URSS en diciembre de
1991. El día 8 de ese mes se firmó el Tratado de
Belovesh, por el que las tres Repúblicas eslavas —
Rusia, Bielorrusia y Ucrania — declaraban la URSS disuelta
y constituían la Comunidad de Estados Independientes
(CEI), abierta al resto de las Repúblicas. Aunque
Gorbachov describió el acuerdo como un golpe
inconstitucional, pronto se observó que no había
marcha atrás en los acontecimientos.

El 12 de diciembre, la legislatura de la
República Soviética Rusa aceptaba formalmente la
secesión de Rusia de la Unión Soviética,
ratificando el Tratado de Belovezh y denunciando el Tratado de
creación de la Unión Soviética de 1922. El
día 17, doce de las quince repúblicas
soviéticas firmaron la Carta Europea de la Energía
en La Haya como estados soberanos aun sin serlo de iure, junto
con otros veintiocho países europeos, la Comunidad Europea
y cuatro países no europeos. El 21 de diciembre, los
representantes de todas las repúblicas soviéticas
excepto Georgia firmaron el Protocolo de Alma Ata, confirmando la
disolución de la Unión.

En esa misma fecha, todas las antiguas
repúblicas soviéticas, exceptuando los tres
países bálticos, acordaron integrarse en la CEI. El
acuerdo de Alma Ata autorizaba también a Rusia para ocupar
el asiento de la URSS en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. El 24 de diciembre de 1991, el Embajador soviético
en la ONU entregó al Secretario General una carta del
presidente ruso, Boris Yeltsin, informándole de dicho
extremo. El documento fue puesto en circulación entre el
resto de miembros de la ONU y fue aceptado sin objeción
alguna el 31 de diciembre.

El 25 de diciembre de 1991 Gorbachov,
cediendo ante lo inevitable, dimitió como presidente de la
URSS, declarando la presidencia extinguida y traspasando sus
poderes restantes al presidente de Rusia, asumiendo ésta
los compromisos y la representación internacional del
desaparecido Estado. Durante la noche de aquel mismo día,
la bandera soviética fue arriada por última vez del
Kremlin. Un día más tarde, el 26 de diciembre de
1991, el Soviet Supremo reconoció la extinción de
la Unión y se disolvió. Para finales de año
todas las instituciones soviéticas oficiales habían
cesado sus actividades, y las repúblicas asumieron el
papel del gobierno central. Todas las Repúblicas que
constituían la URSS fueron reconocidas internacionalmente
como Estados independientes.

Consecuencias del
caracazo.

La consecuencia evidente del Caracazo fue
la inestabilidad política. El programa de gobierno fue
modificado durante ese mismo año tras los hechos. El 7 de
marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el
proceso de descentralización con la primera
elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en
diciembre de 1989. En 1992 se producen dos intentos de golpe de
estado, uno en febrero y otro en noviembre. Ese mismo año
el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado de
corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia
por decisión del Congreso Nacional (Actual Asamblea
Nacional) Ramón J. Velásquez, quien es sucedido por
Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994. Hugo
Chávez, uno de los organizadores de la primera intentona
golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la
rebelión militar, siendo encarcelado y luego
Sobreseído por el Presidente Rafael Caldera, tras lo cual
gana las elecciones presidenciales celebradas en 1998.

El Fondo Monetario Internacional y "El
Caracazo". En 1989, presionado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el presidente venezolano, Carlos
Andrés Pérez, toma un conjunto de medidas
antipopulares que provocan una reacción donde miles de
personas saquean comercios e incendian vehículos en
protesta por el alza de los precios. La Policía y el
Ejército arremeten contra el pueblo y dan muerte a
más de mil personas. Las protestas se iniciaron en
Guarenas (una ciudad cercana a Caracas), la mañana del 27
de febrero de 1989. Rápidamente se extendieron a la
capital y otras ciudades del país. Desbordado por los
saqueos, el Gobierno declaró el Estado de emergencia,
militarizó la ciudad y aplastó las protestas con
violencia desmesurada.

Suspensión de las
Garantías Constitucionales:

La reacción del gobierno ante los
hechos no fue la rectificación de las medidas del "paquete
económico", sino la represión brutal de la protesta
popular, la suspensión de las garantías y el toque
de queda, lo que trajo consigo asesinatos, violaciones a los
derechos humanos, atropellos y abusos por parte de los efectivos
policiales y militares que fueron lanzados a las calles para
reprimir a la población sin distingo de edad, sexo o
condiciones físicas.

Dado el carácter simultáneo,
masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de
febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por
los mismos, dando la impresión de no saber cómo
actuar ante un fenómeno de violencia social de tal
magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación,
hacia el mediodía del día 28 el presidente
Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó
a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los
disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia,
previsto en el artículo 240 de la Constitución de
1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de
garantías constitucionales durante los 10 días
siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden
público y se estableció un toque de queda a lo
largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el
presidente Pérez solicitó la autorización
del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue
concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y
se suprimió el toque de queda. Como consecuencia de los
actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las
garantías y la paralización del país, se
produjeron enormes pérdidas para los dueños de los
locales comerciales y de los transportes urbanos.

Adiós a las Garantías
Constitucionales

El martes 28 de febrero salía
publicado en Gaceta Oficial el Decreto 49 mediante el cual se
suspenden en toda Venezuela las garantías establecidas en
los ordinales 1, 2, 6 y 10 del artículo 60 y en el
artículo 62, 64, 66, 71 y 115 de la
Constitución.

Tal documento fue firmado por el mandatario
de entonces Carlos Andrés Pérez, refrendado por su
Consejo de Ministros, entre los que estaba el de Defensa
Ítalo del Valle Alliegro.

Este Decreto presidencial fue sometido a la
consideración de las Cámaras en sesión
conjunta dentro de los diez días siguientes a su
publicación.

Para el viernes 10 de marzo la
cámara de representantes y senadores se reúne para
considerar el oficio enviado por el ministro de Relaciones
Interiores, Alejandro Izaguirre, referido a la restitución
parcial de algunas de las Garantías Constitucionales, de
conformidad con los Decretos 49 del 28 de febrero y el 67 del 8
de marzo respectivamente.

En representación del grupo de
Acción Democrática, el diputado Carlos Canache
Mata, defendió la suspensión de las
Garantías Constitucionales porque están previstas
en el artículo 241 de la Carta Magna cuando hay graves
circunstancias que afecten la vida económica y social de
la Nación.

En Venezuela, el marco jurídico que
regula el proceso de privatización se encuentra en la Ley
de Privatizaciones, la Ley del Fondo de Inversiones de Venezuela,
Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre
Competencia, y otras leyes, decretos y reglamentos
específicos de las áreas o sectores donde operan
las empresas a ser privatizadas.

Algunas empresas que se han privatizado
en Venezuela:

Compañía Anónima
Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV)

Desde su privatización en 1991,
Cantv ha experimentado una constante transformación para
convertirse en una empresa competitiva, con altos niveles de
calidad en la oferta de sus productos y servicios para satisfacer
las necesidades de sus clientes. Hoy, Cantv es el proveedor
líder de servicios de telecomunicaciones en Venezuela con
aproximadamente 2.7 millones de líneas de acceso en
servicio, 2.5 millones de suscriptores celulares y
aproximadamente un millón de usuarios de servicios de
acceso a Internet al 31 de Diciembre de 2002.

Caveguías, se alinea con las
estrategias globales de la Corporación Cantv al proveer a
los clientes los servicios de información de mayor
cobertura a través de la publicación de directorios
impresos y electrónicos.

Los cambios han sumido a Cantv en un
proceso de integración con sus empresas asociadas, que ya
comienzan a dar sus frutos. Movilnet, Cantv.net y
Caveguías forman un frente único con la
Corporación Cantv para aprovechar las sinergias y ofrecer
a sus clientes soluciones integrales a sus necesidades de
telecomunicaciones sean estas comunicaciones inalámbricas,
fijas, transmisiones de datos, Internet o servicios de
información y directorios telefónicos.

Cada una de las empresas ha aportado sus
fortalezas para permitir la presencia, cada vez más
comprometida, de la Corporación Cantv en la vida cotidiana
de los venezolanos.

SIDOR – Siderúrgica del
Orinoco.

Aunque en Venezuela se ha dificultado
bastante el entendimiento de los beneficios de la
privatización para la economía de un determinado
país, la subasta en 1997 de la Siderúrgica del
Orinoco SIDOR al Consorcio Latinoamericano Amazonia fue dentro de
la gestión del Presidente Caldera uno de las iniciativas
que marcó precedentes en este sentido.

En los años de la Venezuela Saudita
el tamaño del Estado creció desmesuradamente.
Muchas empresas públicas eran dirigidas con criterios
más políticos que gerenciales, lo cual perjudicaba
su productividad. No obstante, desde que se iniciaron en
Inglaterra los procesos de privatización, una especie de
revolución silenciosa se comenzó a observar en todo
el mundo que conlleva un proceso de comprensión de la
valoración de la gestión económica por parte
de los individuos y no del Estado. En cuanto a Venezuela este
proceso privatizador ha tenido un lento desarrollo, debido en
gran parte a una arraigada concepción estatista, un
sindicalismo mal entendido e intereses políticos
creados.

Luego de que el Consorcio latinoamericano
Amazonia, integrado por empresas de Venezuela, México,
Argentina y Brasil, adquiriera a SIDOR los hechos hablan por
sí solos. La empresa ha reducido sus costos de
producción y mejorado notablemente la
comercialización de sus productos. Por ejemplo, redujo sus
costos de producción en 85 millones de dólares
durante 1998 y podrá reducirlos en 46 millones de
dólares durante este año según las
expectativas calculadas en las áreas de operaciones,
logística, personal y administración por mencionar
algo.

VIASA

El primer error de la
"privatización" de VIASA fue imponer un precio
mínimo que desanimara a los mejores compradores. En toda
privatización, el precio de los activos debe ser
totalmente secundario al objetivo principal de abrir la mayor
competencia posible en ese determinado sector, para que mejoren
los servicios y los productos, a la vez de que se reducen las
tarifas y los precios. Así, el beneficio para los
consumidores nacionales pronto supera con creces cualquier
concesión hecha en el precio de venta. Sobre esto, los
supuestos "neoliberales" de Pérez no tenían ni
idea, como lo prueba la venta de la telefónica -CANTV-,
convirtiendo un monopolio estatal en otro privado, lo cual
siempre conduce a aumentos de tarifas y al desencanto del pueblo
con las reformas económicas.

CADAFE "Compañía
Anónima De Administración y Fomento
Eléctrico".

Mediante Decreto Presidencial No. 1.558,
del 10 de Octubre de 1996, el Ejecutivo Nacional, promulgó
el Marco Regulatorio del Sector Eléctrico, con el cual se
regula el servicio público nacional de electricidad que
contempla las actividades de generación, despacho de
cargas, transmisión, distribución,
comercialización y venta de potencia y energía
eléctrica entre las empresas del sector, destinadas a
satisfacer necesidades colectivas en forma permanente. Dando
así, el primer paso positivo hacia la
reestructuración eléctrica y permitiendo la
apertura hacia el capital privado nacional y
extranjero.

EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
CARACAS

Desde la entrega del servicio de
abastecimiento de agua de la ciudad de Caracas al Instituto
Nacional de Obras Sanitarias (INOS) en 1947, hasta 1998, la
prestación del servicio ha pasado por una serie de
procesos poco exitosos de acercamiento hacia el sector privado
por una serie de procesos poco exitosos de acercamiento hacia el
sector privado. En las líneas siguientes se trata de
explicar, brevemente, estos procesos.

Causas y efecto de las rebeliones
populares del 4 de febrero y 27 noviembre 1992: encarcelamiento
de Yare; salida de Carlos Andrés Pérez del
presidente de la República; Rafael Cardera y el comienzo
del fin de la democracia representativa y el puntofijismo;
indulto de los comandantes rebeldes

I. Causas:

A. Los índices de pobreza se
dispararon al 62 % tan hondo fue el choque inicial, que el
paquete no tenía un mes de aplicado cuando ocurrió
la insurrección popular el 27 de febrero de 1989 ya el
desencanto era generalizado, las protestas sucedían a
diario y en 1992 la situación política llega a una
situación critica con los golpes de estado del 4 de
febrero y 27 de noviembre.

B. En 1986 comenzó un periodo de
formación de una nueva dirección con el despertar
de las energías revolucionarias del pueblo. Para los
sectores dominantes, el estallido del 27 de Febrero de 1989 fue
apenas un incidente circunstancial. Fueron incapaces de descubrir
las fuerzas emergentes en aquellas multitudes que asaltaban los
mercados. No entendieron que detrás de los incendios y
saqueos, las masas populares estaban a punto de abrir el espacio
para un nuevo liderazgo de la revolución
venezolana.

C. A partir de 1989 a raíz de la
insurgencia popular espontánea contra los reajustes
económicos de Carlos Andrés Pérez
empezó un periodo de excusación de las
contradicciones del sistema y de auge de las acciones populares
por la base. Se inicio un claro decline entre las exigencias del
pueblo y la política del gobierno. Las tendencias a favor
de cambios en la conducción del estado y por una nueva
institucionalidad cobraran dimensiones nacionales. Es en esta
atmósfera cuando estallan las rebeliones del 4 de Febrero
y 27 de Noviembre de 1992 y se establece una nueva
dirección del proceso revolucionario.

D. El papel represor de las fuerzas armadas
el 27 de Febrero de 1989 los dejo hondamente impresionados,
proponiéndose no volver a empuñar las armas contra
el pueblo. Su inspiración era el pensamiento y la
acción de Simón Bolívar, las ideas de
Simón Rodríguez y la acción de Ezequiel
Zamora. Estos militares de gran ascendencia sobre sus tropas se
caracterizaron por poseer casi todos títulos distintos al
castrense y por formar círculos de discusión sobre
la realidad del país de algún modo los bajos
sueldos de los oficiales de baja y media graduación,
conocidos como comandantes (por siglas de comandantes, mayores,
capitanes y tenientes), también genero gran descontento en
sus filas.